El futuro del Aeropuerto de Palmira en la cuerda floja: ¿Operación pública o concesión?

El futuro del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, una de las terminales aéreas más importantes de Colombia, ha entrado en una fase crítica. La reciente transición de su administración, que pasó de manos de un concesionario privado a la Aeronáutica Civil (Aerocivil), ha desatado una ola de inquietud entre los líderes regionales y gremios empresariales del Valle del Cauca. Lo que en un principio era un debate sobre la mejor vía para la modernización del aeropuerto, se ha convertido en una preocupación urgente sobre el impacto económico y la competitividad de la región.

La transición que se hizo realidad

Desde el 1 de septiembre de 2025, la Aeronáutica Civil asumió oficialmente el control y la operación del aeropuerto, finalizando así una concesión de 25 años que estaba a cargo de la empresa Aerocali S.A. Esta movida, impulsada por el Gobierno Nacional, se ha justificado como un paso para fortalecer la gestión pública de infraestructuras estratégicas, pero para los líderes locales, la decisión genera más incertidumbre que certezas.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha sido una de las voces más críticas, argumentando que una administración pública podría frenar los proyectos de expansión y modernización necesarios para que el aeropuerto siga siendo competitivo. A su llamado se han unido otros líderes como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y diversos gremios, quienes temen que la burocracia estatal y la falta de agilidad en la toma de decisiones comprometan el futuro de un proyecto que requiere una inversión de más de 4 billones de pesos.

La urgencia de una nueva concesión

El principal temor de la dirigencia regional es que la operación de la Aerocivil se convierta en un freno para el desarrollo. La gobernadora Toro insiste en que una nueva licitación, bajo la figura de una Iniciativa Privada (IP), es la única manera de garantizar que el aeropuerto no pierda su dinamismo y competitividad. De no concretarse esta nueva concesión, se pondrían en riesgo:

• Impacto laboral: Se estima que la no adjudicación de una nueva concesión podría poner en vilo unos 34.000 empleos directos e indirectos, que dependen de la actividad aeroportuaria.

• Proyectos de expansión: La IP contempla inversiones ambiciosas, como la construcción de un nuevo edificio de doble propósito (nacional e internacional), la instalación de puentes de abordaje adicionales, y la ampliación de la plataforma de carga. Estos proyectos son fundamentales para que el aeropuerto pueda manejar el creciente tráfico de pasajeros y carga, que se proyecta pasará de 13 a más de 16 millones de pasajeros al año.

• Pérdida de competitividad: Un aeropuerto sin modernización se estancaría, perdiendo relevancia frente a otros terminales aéreos en el país y en la región. Esto afectaría directamente el turismo y el comercio, sectores vitales para el Valle del Cauca.

La transición de la administración también tiene un fuerte impacto económico en el municipio de Palmira, que dejará de percibir los cerca de 32 mil millones de pesos anuales que obtenía por la concesión. En respuesta a esta situación, la gobernadora y otros líderes han hecho un llamado al Gobierno Nacional para que:

1. Compense la pérdida de ingresos: Han solicitado que estos recursos se reemplacen con inversión social directa en el municipio, enfocada en el mejoramiento de vías e instituciones educativas, lo que permitiría mitigar el golpe económico a la comunidad local.
2. Acelere el proceso de licitación: Es una prioridad que el proceso para seleccionar un nuevo operador privado se agilice y que la licitación de la IP quede abierta lo antes posible, idealmente antes de que finalice el año.

La Aeronáutica Civil, por su parte, ha anunciado una inversión inicial de entre $44 mil y $90 mil millones de pesos para los próximos meses, con el objetivo de garantizar la continuidad de la operación y el mantenimiento de las instalaciones mientras se define el futuro a largo plazo. Sin embargo, para los líderes regionales, esta inversión, aunque bienvenida, no es suficiente para compensar la falta de una visión a largo plazo y el dinamismo que solo un operador privado puede aportar.

En conclusión, la situación del aeropuerto de Palmira es un reflejo de un debate más amplio sobre el rol del Estado y el sector privado en el desarrollo de infraestructuras clave. Mientras la Aerocivil busca asegurar la estabilidad operativa, la dirigencia del Valle del Cauca insiste en que la única vía para garantizar la modernización y la competitividad es a través de una nueva concesión privada, y que el tiempo se está agotando para tomar una decisión que marcará el futuro económico de la región.